La implementación de la medida que limita el uso de dispositivos móviles en las instituciones educativas del país plantea importantes retos de gestión escolar. La restricción del uso de celulares en colegios públicos y privados busca reducir distracciones durante las clases; sin embargo, obliga a los centros educativos a definir mecanismos para recibir, custodiar y devolver los equipos diariamente. Por lo tanto, la norma requiere infraestructura con la que no todos los planteles cuentan.
Costos e infraestructura en la escuela pública
En declaraciones institucionales, el especialista en políticas educativas Paul Neira explicó que el reglamento traslada una responsabilidad administrativa directa a los colegios. Según detalló, las escuelas deben acondicionar un espacio físico —denominado como «parqueadero de celulares»— para guardar los teléfonos bajo resguardo durante la jornada.
No obstante, Neira advirtió que esta exigencia representa una marcada barrera para los colegios estatales, los cuales carecen de presupuesto para implementar sistemas de almacenamiento seguro o contratar personal de custodia.
Garantías en la devolución de dispositivos
De igual manera, el experto sostuvo que la devolución de los equipos implica verificar el estado de los teléfonos, sumando una tarea compleja a las labores docentes.
Por esta razón, alertó que las experiencias exitosas aplicadas en algunos colegios privados de Lima no pueden replicarse de forma uniforme en todas las provincias del Perú.
En consecuencia, el sector educativo pide flexibilizar los protocolos según la capacidad económica de cada plantel.
