El debate técnico y legal en torno al Sistema Integrado de Transportes (SIT) en la provincia de Arequipa sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones del asesor legal de las empresas concesionarias EMARSITRAN y Bus Characato, Luis Miguel Carpio. El especialista jurídico afirmó de manera categórica que el precio del pasaje del transporte urbano se mantendrá inalterable en S/ 1.30, contradiciendo los anuncios emitidos desde la comuna provincial sobre una posible rebaja en el corto plazo.
De acuerdo con el representante legal, no existe actualmente ningún informe oficial o documento técnico concluyente que determine la viabilidad de una reducción tarifaria. En ese sentido, Carpio exhortó formalmente a la alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Oscco, así como a sus principales funcionarios, a abstenerse de emitir declaraciones públicas sobre este ajuste. Según argumentó, este tipo de anuncios sin base administrativa firme genera expectativas infundadas en la población y propicia escenarios de conflicto directo entre los usuarios y los operadores del servicio.
Advertencia de acciones legales y posible arbitraje
La controversia también abarca los plazos y procedimientos administrativos del convenio de transportes. El asesor técnico sostuvo que las empresas concesionarias cumplieron de manera oportuna con la presentación de la adenda correspondiente ante la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), por lo que deslindó de cualquier responsabilidad a los operadores y atribuyó las demoras exclusivamente al aparato burocrático de la corporación municipal.
El abogado advirtió que la gestión edil ya habría superado los plazos perentorios establecidos para este tipo de trámites bajo el esquema regulatorio de Asociación Público-Privada (APP). Esta presunta dilación institucional, según detalló, coloca al municipio en una posición de vulnerabilidad legal que podría derivar en un proceso de arbitraje internacional o nacional por incumplimiento de contrato.
Finalmente, la representación legal de los transportistas ratificó que las empresas se encuentran operando bajo los parámetros contractuales vigentes y que, ante la falta de un sustento técnico definitivo por parte de la MPA, no se contemplará ninguna modificación a la baja en la estructura de costos ni en la tarifa actual que pagan los usuarios.
