Un proceso judicial genera profunda preocupación entre los colectivos de derechos humanos del sur del país. En primer lugar, la fiscalía abrió una investigación penal contra activistas que participaron en la Marcha del Orgullo en Cusco por el presunto delito de ofensas al pudor público. Asimismo, la medida fue rechazada por diversas organizaciones sociales que se movilizaron frente a la sede del Poder Judicial para exigir el cese del hostigamiento legal.
Acusación penal y pedido de prisión preventiva
Por un lado, la investigación se inició luego de la difusión de imágenes de la movilización en un medio de comunicación local. En ese sentido, el Ministerio Público evalúa imputar sanciones de cuatro a seis años de cárcel contra las personas procesadas. Por lo tanto, la abogada Lucía Santos advirtió que la acusación penal tras la Marcha del Orgullo en Cusco constituye una clara represalia política que busca criminalizar el arte drag en la región.
Protesta de colectivos frente al Poder Judicial
Por otro lado, decenas de activistas realizaron un plantón pacifico bajo el lema «Por una justicia que no discrimine». Efectivamente, los manifestantes recordaron que la marcha se desarrolló de forma pacífica y sin alterar el orden público en las calles cusqueñas. Finalmente, las entidades defensoras de derechos humanos solicitaron archivar el caso al considerar que las expresiones artísticas mostradas en la Marcha del Orgullo en Cusco están protegidas por la libertad de expresión.
